Recuerdo cómo en una rueda de prensa se dijo, hace no mucho la siguiente frase: “En España acabada la carrera tienes tres salidas: por mar tierra o aire”.
Por desgracia, esa ha sido la realidad para muchas familias, que han visto como su tierno vástago, ya pequeño leño, perfectamente formado, ha cogido un vuelo a un otro país, para despeñar su oficio, todo merced a la dichosa crisis.
Hoy llega a mi conocimiento que la vulgarmente llamada “plusvalía municipal”, oficialmente Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, sigue vivita y coleando.
Una importante Sentencia del Tribunal Supremo reconoce que, pese a que se ha declarado parcialmente la nulidad de ciertos artículos, los Ayuntamientos podrán exigir su pago a menos que el sujeto pasivo (el paganini, para entendernos) demuestre que no ha tenido enriquecimiento alguno.
Además afirma:
“De la exégesis de la regulación legal del IIVTNU -en particular, de los artículos 104.1, 107.1, 107.2 a), y 110.4 del TRLHL-, a la luz de las declaraciones de inconstitucionalidad contenidas en la STC 59/2017 , se infiere inequívocamente que la que se expulsa completamente del ordenamiento jurídico es la presunción iuris et de iure de existencia de incremento de valor del terreno urbano transmitido (que en todo caso debía ser objeto de tributación), no la presunción iuris tantum de existencia de una plusvalía en la enajenación del inmueble, que sigue estando plenamente en vigor.”
A mi juicio, el impuesto debería desaparecer por injusto, por mal regulado y por se un caso evidente de doble tributación. Y opino que el Tribunal debió entender aniquilado el impuesto porque, al no haber un método de cálculo GENERAL y aplicable a todos los casos, se incumple la llamada reserva de ley, es decir, sólo por normas con rango de ley se pueden regular cosas tan importantes como nuestras obligaciones tributarias (y no meros parcheados exegéticos).
Pero la opinión del tribunal ha sido otra, no sé si habrá pesado la situación maltrecha de algunas haciendas locales….
***Noticia!!! El caso vuelve al Tribunal Constitucional. cuestion inconstitucionalidad
Abogados, Notarios, Jueces, Fiscales y demás profesionales del Derecho se enfrentan, cada vez con más frecuencia, al problema de determinar cuál es la Ley aplicable, en los casos en que hay elementos de diversa nacionalidad. Es lo que se denomina Derecho Internacional Privado.
Uno de los ámbitos que ha causado gran diversidad de conflictos es el de los matrimonios y parejas de hecho. Por ejemplo, un andaluz que contrae matrimonio con una sueca, que casan en Bélgica, con residencia uno en Alemania y otra en Francia, que residen luego en Italia….¿las normas de qué país se aplican?
El próximo sábado 2 de marzo de 2019 tendré el honor de participar en las charlas para las familias de personas con síndrome de Down ASINDOWN de Valencia.
Será en la Fundación Quaes / Avenida Menéndez Pelayo nº 25 / Valencia.
Trataré del Patrimonio Protegido de las Personas con Discapacidad.
Aquí el cartel ->CARTEL JORNADA ASINDOWN
Gracias por esta oportunidad.
A veces tengo la sensación de que los legisladores se comportan como Pandora, enviada por Zeus para castigar a Prometeo y a la humanidad, la cual, simplemente abriendo una cajita, esparcía la pobreza y enfermedades por el orbe.
Unas letras escritas en un diario oficial y, de modo inopinado, surgen dudas, problemas o impedimentos (aunque a veces, también, buenas nuevas). Para mí, que mi oficio es la seguridad jurídica, la Ley nueva es, por el mismo hecho de nacer, una amenaza de inseguridad, algo que, desde su concepción, arroja una sombra de duda de incierto resultado. Lo siento, pero es como un pecado original. Y más cuando la norma es apresurada, irreflexiva o no consensuada.
Ete aquí que la Ley 27/2018, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, ha regulado la aplicación de los derechos de tanteo y retracto legal en favor de la Generalidad Valenciana, de las viviendas sujetas a algún régimen de protección público. Es decir, desde el 1 de enero de 2019 “aparecía” un nuevo (más amplio que otro anterior) derecho de la Administración: puede adquirir las viviendas que fueran VPO si se transmiten.
Cada día resulta más frecuente que los padres no puedan ejercer, de un modo directo, el cuidado y atención de sus hijos.
Un ejemplo muy típico: un menor que necesita que su padre o tutor le autorice para un viaje escolar, o para una operación médica o bien, para matricularse en el colegio y no hay nadie con “papeles” cerca.
El próximo 8 de marzo de 2019 tendré la oportunidad y el honor de intervenir en el VIII Congreso Internacional de Derecho de Familia.
Mi ponencia tratará de “La figura del patrimonio protegido” y se desarrollará en el Ilustre Colegio Notarial de Valencia (Calle Pascual y Genís, 21)
Organizan la Universidad de Valencia y el Instituto de Derecho Iberoamericano. Patrocina, entre otros, la Fundación Aequitas.
