Pongamos que les digo que hay un colectivo que supone, como mínimo un 3% de la población (en España podrían ser millón y medio de personas, no hay datos estadísticos); cuyo proceso educativo no suele ser el adecuado para su condición; que tienen un tipo de circunstancia personal que no suele ser tratada de forma sanitaria adecuada; que no suelen conseguir trabajo jamás en su vida; a los que las leyes no le han prestado jamás importancia; que no se manifiestan, no se sindican y no salen en los medios (a veces tampoco salen de casa).
Algunos los llaman border-line, otros Capacidad Intelectual Límite, DINAI, Funcionamiento Intelectual Límite,… ni siquiera tienen nombre. Son personas cuyo coeficiente intelectual es bajo sin llegar al retraso mental y tienen ciertos problemas adaptativos. Si esta sociedad nuestra, competitiva, econométrica y arbitraria, lo permitiese, estos individuos podrían ser cabezas de familia, trabajadores, autónomos,… en fin, ciudadanos. No es el caso.
Y no es el caso porque los poderes públicos, las sociedad, los sistemas educativos, sociales, sanitarios y en general, la política debería adaptarse para que TODOS pudieran participar en ella, y no sólo los seres más competitivos. Más allá de una obligación moral (que lo es), es de sentido común: cualquier teoría razonable sobre el Estado de Derecho pasa por admitir a sus ciudadanos, sin distinción y sin dejar a ninguno fuera. Por ello, no tengo claro que las personas con Funcionamiento Intelectual Límite sean discapaces (parece que la discapacidad es algo más grave), pero sí tengo claro que la sociedad está discapacitada a la hora de acoger a estas personas, y es mucho lo que no perdemos.
Viene al caso que contemplaba hace algunos días, atónito, cómo para las pruebas de acceso a bedel exigían un conocimiento de la Constitución al que yo, siendo notario, no llego. Cuando el servicio a prestar es sencillo, ¿por qué exigir un nivel de conocimiento e inteligencia disparatado? ¿Por qué no acudir a un criterio social?
Hay cosas que están cambiando y algunas iniciativas legislativas pretender darle cobertura a una participación en los cupos (reservas) para acceder a empleo público. Pero, sobre todo, a nivel doméstico, callejero, está en nuestra mano ser más considerados con estas personas y tratarlos como a cualquier otra, ese es su derecho.
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